En una entrevista reveladora para “La Mañana de Noticias”, el referente de ATE, Ramón Ramírez, desmintió un comunicado de repudio pero terminó confirmando una situación alarmante: el uso de la “tutela sindical” como una barrera de inamovilidad que desafía la autoridad municipal.
Lo que comenzó como un rumor sobre un conflicto interno en la Dirección de Seguridad Urbana y Vial, terminó exponiendo una grieta profunda entre las facultades del Ejecutivo Municipal y los privilegios que reclaman los sectores gremiales.
El eje del conflicto es el intento de traslado de una empleada municipal, quien además se desempeña como congresal del gremio ATE. Según trascendió, el Director del área habría dispuesto su reubicación por razones operativas, pero se encontró con una pared: la “tutela sindical”.
”No se la puede tocar”
Durante la entrevista con Walter Diris, Ramón Ramírez fue tajante al explicar por qué la empleada no fue trasladada: “Mientras uno tenga tutela sindical, no se puede… es congresal vigente y tiene tutela sindical. No se le puede sacar de un lugar y mandarle a otro”.
Esta declaración abre un debate necesario en la sociedad esquinense: ¿Es la tutela sindical un derecho de defensa o un “padrinazgo” que permite a un empleado elegir su puesto por encima de las necesidades del servicio público?
¿Derecho laboral o privilegio de casta?
Si bien la Ley de Asociaciones Sindicales protege a los delegados contra despidos o persecuciones, la jurisprudencia es clara: el “Ius Variandi” (la facultad del empleador de organizar el trabajo) sigue vigente siempre que no haya un castigo real. Sin embargo, en Esquina, el gremio parece interpretar que ser dirigente equivale a ser dueño de la silla.
Ramírez aseguró que el tema está “subsanado” porque la persona finalmente se quedó en su lugar de origen. Pero, ¿a qué costo? ¿A costa de que un Director no pueda organizar su propia oficina para que el tránsito funcione mejor?
El misterio del comunicado “falso”
Sobre el cierre, Ramírez calificó de “re falso” un comunicado de repudio que circuló en las últimas horas, argumentando que no llevaba su firma ni sello. No obstante, el trasfondo del conflicto quedó validado por sus propias palabras.
Mientras el Intendente Cristian Olivetti planea implementar sistemas de control como el reconocimiento facial para terminar con los “ñoquis” y la precarización, este caso en la Dirección de Tránsito enciende las alarmas: ¿Quién manda realmente en las dependencias municipales: los directores designados o el sello del gremio?
