El pasado martes, se llevó a cabo un desalojo en el arroyo Vega, en el paraje Inga, sobre un predio de aproximadamente 3 hectáreas. El procedimiento fue ordenado tras un extenso juicio que se prolongó durante ocho años, marcando el desenlace de una disputa que involucraba a unas 30 personas que habían ocupado ilegalmente el terreno.
El proceso judicial comenzó cuando unas pocas personas ingresaron al predio. Sin embargo, con el paso del tiempo y, según fuentes legales, con el consejo de terceros interesados, más personas fueron asentándose en el lugar hasta que la oficial de justicia constató la presencia de aproximadamente 30 ocupantes. El Dr. Javier Papaleo, abogado vinculado al caso, explicó que esta es una problemática común en Esquina, siendo uno de los primeros municipios de la provincia en tratar este tipo de juicios por ocupación ilegal. Destacó además que la situación se complicó cuando algunos inescrupulosos alentaron a los ocupantes a introducir a personas vulnerables —como niños y personas con discapacidad— bajo la creencia de que la justicia no llevaría a cabo el desalojo en esas condiciones.
“Aquí nadie hace nada gratis, todos tienen un interés. Alientan a la gente a que introduzcan personas vulnerables esperando que, con ese verso, la justicia no realice el desalojo”, sostuvo Papaleo, enfatizando la gravedad de la situación.
El desalojo, aunque pacífico en su mayoría, contó con cierta resistencia inicial por parte de los ocupantes, quienes finalmente abandonaron el lugar tras la intervención de las autoridades.Este caso subraya un problema de ocupaciones ilegales en la región y plantea un desafío para las autoridades locales y judiciales. La justicia ha dejado en claro que este tipo de situaciones no quedarán impunes, incluso cuando se utilicen tácticas que buscan evadir la ley a través de la manipulación de grupos vulnerables.
