El Dr. José Fernández Codazzi llevó el caso al Consejo de la Magistratura.
En un hecho sin precedentes en la provincia de Corrientes, el abogado defensor Dr. José Fernández Codazzi denunció haber sido amenazado e insultado por un fiscal durante una audiencia oral y pública. El episodio ocurrió hace cinco días y quedó registrado en las cámaras del juzgado, marcando un hecho inédito desde la implementación del sistema de audiencias orales en el ámbito penal.
En diálogo con “Mañana de Noticias”, Fernández Codazzi explicó que en un momento de la audiencia, que estaba siendo audiofilmada, el fiscal en cuestión lanzó una amenaza en su contra, insinuando que el conflicto podría “solucionarse afuera”, lo que el abogado interpretó como un desafío a pelear.
“Esto nunca se había visto en Corrientes desde que se implementó este nuevo sistema. Sería el primer caso a nivel provincial donde un fiscal amenaza a un abogado defensor simplemente porque no comparte su postura”, afirmó el letrado.
Las cámaras captaron la continuidad de los insultos
Si bien la audiencia formalmente terminó y se cortó la grabación oficial, los domos de seguridad del juzgado continuaron filmando, dejando evidencia de que la agresión verbal se prolongó incluso fuera de la sala. Según Fernández Codazzi, los insultos se tornaron aún más graves, incluyendo agravios sobre su vida privada.
Ante la gravedad del hecho, el abogado presentó una denuncia ante el Fiscal General, ingresada ayer, y también llevó el caso al Consejo de la Magistratura, buscando que se investigue la conducta del fiscal involucrado.
Audiencias orales y públicas: un sistema bajo escrutinio
El sistema penal actual establece que las audiencias sean orales, públicas y audiofilmadas, permitiendo que cualquier ciudadano mayor de edad pueda presenciarlas y ejercer un control de calidad sobre el desempeño de fiscales, defensores y jueces.
“Eso es lo excelente del servicio de justicia hoy. Pero lo que ocurrió en esta audiencia atenta directamente contra la transparencia y el debido proceso”, advirtió Fernández Codazzi.
Ahora, la denuncia presentada pone la lupa sobre el comportamiento de algunos actores judiciales y abre un nuevo debate sobre la necesidad de garantizar que el sistema funcione con respeto, ética y profesionalismo.
