El abogado José Codazzi, conocido mediáticamente como “el abogado del diablo”, volvió a sentarse frente a los micrófonos de La Mañana de Noticas para relatar uno de los casos más complejos y polémicos de los últimos años en Esquina. Un expediente cargado de irregularidades, silencios, decisiones judiciales cuestionadas, una víctima fatal, una mujer acusada del peor de los delitos, y un final que dejó al desnudo la ni investigación del caso.
Como él mismo explica, con días enteros de debate en Goya —donde se realizan los juicios orales— y un expediente de más de 1.500 páginas, el camino procesal fue “agotador”. Pero lo que más indigna al abogado es que, tras tres años de una causa por un crimen, el caso terminó sin culpables y sin justicia.
Una acusación gravísima y un apodo que no le gusta. “La loca de la escopeta”
Codazzi representa a Evelina Godoy, la mujer que fue acusada de homicidio agravado por el vínculo —artículo 80 inciso 2°—, uno de los delitos con pena de prisión o reclusión perpetua.
El hecho ocurrió hace tres años: su expareja apareció muerto en el patio interno de los departamentos donde ambos vivían. El caso se mediatizó rápidamente por otro elemento que alimentó el morbo: durante los allanamientos, la policía encontró un abultado paquete de dinero cuya procedencia nunca fue investigada.
“Lo peor es que ese dinero ni siquiera fue secuestrado. Nunca se determinó si podía ser parte del móvil del crimen”, cuestiona Codazzi.
Los allanamientos y un arma que nunca apareció
La vivienda de Godoy fue allanada tres veces, incluso con personal especializado llegado desde Corrientes. Se levantaron chapas, se revisaron paredes y estructuras. Todo. Pero el arma homicida nunca fue encontrada.
Los peritos habían estimado que la muerte fue producida por un arma casera, tipo “tumbera”, o una “espeta”. Pero nada apareció pese a los operativos.
Para Codazzi, varios puntos llamaban la atención:
El vecino del departamento 3 jamás fue investigado.
El vecino del departamento 2, quien llamó a la policía de manera anónima primero asegurando que el cuerpo estaba en la calle, luego rectificó y dijo que estaba en su patio.
Ese mismo vecino hizo tiempo más tarde un juicio abreviado por encubrimiento agravado, recibió una condena de tres años en suspenso y salió del proceso.
“Para mí era el principal sospechoso. Hizo un excelente negocio: se bajó del barco sin enfrentar un juicio oral”, señala el abogado.
Una investigación mal direccionada
Codazzi sostiene que desde el minuto uno la fiscalía orientó la investigación exclusivamente hacia su defendida, dejando de lado contradicciones clave.
Las pruebas objetivas que la favorecían eran contundentes:
Godoy dio negativo en el dermotest (prueba que detecta rastros de haber disparado un arma).
No había testigos que la ubicaran en la escena.
No se halló arma ni rastro alguno en su casa.
No había evidencia física que la conectara con el hecho.
Aun así, la fiscalía insistió en sostener la acusación.
Una cámara que podía cambiar el rumbo del caso
A 20 metros de los departamentos, una pizzería tenía una cámara de seguridad. El perito licenciado Diego Escobar detectó que dos personas en moto ingresaron, estuvieron cinco minutos y se retiraron, exactamente dentro del horario estimado del homicidio.
La imagen era borrosa y de noche, pero daba una pista clave: podrían haber sido los autores.
Codazzi pidió que se amplíen estudios, que se identifique a los motociclistas, que se revisen cámaras de la zona… pero la investigación no avanzó.
El plazo fatal: el caso se cae por inacción del fiscal
La ley procesal establece un límite de tres años para sostener una causa sin llegar a juicio. Pasado ese tiempo, si no hay acusación formal, la persona debe ser sobreseída.
Codazzi cuenta que:
Un año después del hecho intimó al fiscal Luciano Bordón para que avance o desista.
El fiscal respondió que sí acusaría.
Pero no hizo nada durante dos años más.
A días de vencerse el plazo, Bordón presentó la acusación fuera de término. El juez declaró cumplido el límite legal y sobreseyó a Godoy.
La fiscalía intentó impugnar, pero la jurisprudencia provincial es clara: si el plazo se venció, el proceso termina.
Un crimen sin culpables y dos familias destruidas
Godoy quedó libre, pero no recibió la reivindicación que buscaba:
“Ella necesitaba escuchar de un juez: usted es inocente. La condena social fue feroz. La siguen insultando.”
La familia de la víctima tampoco obtuvo justicia:
“No saben quién apretó el gatillo. Nadie se los va a decir. Y eso es también producto de la inacción fiscal”, agrega Codazzi.
El abogado anunció que pedirá sanciones contra el fiscal Bordón:
“No es la primera vez que le pasa. Es el segundo caso con vencimiento de plazos. Esto ya entra en la categoría de mal desempeño.”
El cierre más duro: un crimen que nadie podrá resolver
La peor consecuencia del fracaso procesal es definitiva:
el expediente no puede reabrirse.
No habrá juicio, no habrá culpables, no habrá verdad procesal.
“Esto es lo más grave. Institucionalmente es devastador”, resume Codazzi.
Una causa que empezó con ruido, sospechas, allanamientos, dinero sin explicar, vecinos que callaron y errores repetidos, terminó en la peor sentencia para todos: la impunidad.
