Entrevistamos al Concejal Ángel Ramírez, quien nos habló sobre el proyecto de Resolución de “Oficina Municipal de Información y Defensa de Usuarios y Consumidores”.
– Concejal, quisiera que nos comente sobre este proyecto para la creación de la oficina de defensa del usuario y consumidor.
– Así es, la defensa al consumidor está establecida en la Constitución Nacional desde el año 1994 incluso la ley es anterior a esa reforma. La Constitución Provincial también la incorporó en el año 2007 una normativa específica para la defensa al consumidor y en Esquina, en la carta orgánica se previó la creación de la oficina de defensa al consumidor. Dicha oficina no se puso en funcionamiento hasta la fecha y estuvimos viendo que debe ser una de las herramientas para defender a los usuarios y consumidores esquinenses frente a los abusos por parte de las empresas que brindan servicios y venden productos. Es un punto intermedio, incluso se previó que el tribunal de faltas sea el encargado de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de la normativa o en su defecto que esa oficina tenga la asesoría letrada como para que el usuario, por ejemplo, de la DPEC pueda iniciar desde esa oficina las acciones en su defensa de sus derechos violados por parte de la empresa en caso de sobrefacturación. Estuvimos analizando las herramientas que podemos poner a disposición de la comunidad y creemos que esta oficina es una alternativa teniendo en cuenta que la propuesta de puesta en marcha debe venir del ejecutivo, por eso se le pide que vea la factibilidad para poner en funcionamiento la oficina.
– Es algo necesario en Esquina, porque siempre nos preguntan dónde el usuario puede reclamar los excesos en las distintas facturas.
– Ésta sería la herramienta y uno de los fundamentos de esta resolución es justamente que todos estamos siendo víctimas de prácticas abusivas por parte de las empresas que brindan tanto el servicio eléctrico como el agua y cloacas que son las empresas monopólicas, porque uno no puede elegir una alternativa. El estado debe brindar ese espacio para que los consumidores tengan la posibilidad de recibir la información y a la vez que se le gestionen los reclamos y hacer algún tipo de arbitraje para solucionar el conflicto. La idea es que tenga la oficina un asesoramiento jurídico para que los usuarios tengan una defensa por parte del Municipio.
