La investigación por el secuestro del menor ocurrido en la ciudad de Esquina sumó una novedad en el ámbito legal. Juan Riquelme, abuelo del niño, confirmó que la familia desistirá de continuar como querellante en la causa penal que tiene como principal acusado a Josías Santos Regis. La decisión responde a las dificultades económicas para afrontar los honorarios de la defensa particular, aunque ratificaron su respaldo al trabajo de la Fiscalía.
La investigación penal en torno al secuestro del Niño “N”, un hecho registrado en la ciudad de Esquina y que obtuvo una fuerte repercusión en la opinión pública nacional durante el mes de mayo, presenta un cambio en la conformación de las partes que intervienen en el expediente.
En las últimas horas, se confirmó que el núcleo familiar de la víctima no continuará ejerciendo el rol de querellante particular en la línea investigativa que se sigue contra el principal imputado en la causa, Josías Santos Regis, conocido como “El Brasilero”, quien además es el padre del menor.
Los motivos del desistimiento
La información fue ratificada de manera oficial por Juan Riquelme, abuelo del niño, en declaraciones brindadas a Radio Sudamericana. De acuerdo con lo manifestado por el familiar, la determinación de dar un paso al costado en la querella responde de manera exclusiva a las complicaciones financieras que atraviesa el grupo familiar, las cuales les impiden seguir costeando los honorarios profesionales de los abogados particulares en esta instancia del proceso.
Continuidad del proceso penal
No obstante, la desvinculación formal de la familia como parte querellante no detendrá el curso del expediente ni la acusación. El propio Riquelme se encargó de aclarar que mantienen plena confianza en el desempeño y las tareas de investigación que viene desarrollando la Fiscalía interviniente en Esquina.
A partir de esta resolución, la acción penal pública quedará sostenida íntegramente por el Ministerio Público Fiscal, que continuará adelante con la recolección de pruebas y el avance de la causa judicial contra el ciudadano detenido.
