A partir del próximo 31 de marzo vence la resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel que había frenado el aumento automático de las dietas de los senadores nacionales. Según trascendió, la definición sobre el futuro de esos incrementos quedará ahora en manos de los propios bloques legislativos, aunque hasta el momento no habría consenso para evitar el ajuste.
De confirmarse, a partir de mayo, cada senador pasaría a cobrar una dieta mínima de 9 millones de pesos en bruto, cifra que surgiría del mecanismo aprobado en 2024 por oficialismo y oposición.
Cómo se llegó a este escenario
En enero, Villarruel había suspendido la actualización automática que vincula las dietas al valor del “módulo de referencia” del Congreso, mecanismo que determina los sueldos de los legisladores. Esta medida fue pensada como un gesto ante el malestar social y la crisis económica, pero tenía plazo hasta el 31 de marzo.
Cabe recordar que, en abril del año pasado, los senadores aprobaron una nueva forma de calcular sus ingresos: 2.500 módulos base, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo (salvo para cuatro senadores que no cobran este último).
Además, se sumó una dieta extra a las 12 habituales para compensar el aguinaldo, lo que llevó sus ingresos a más de 7 millones de pesos en bruto desde mayo de 2024.
El debate interno y las presiones
Aunque el tema genera rechazo social, puertas adentro del Congreso varios senadores insisten en que sus sueldos “están desactualizados” y “erosionados por el impuesto a las Ganancias”, además de enfrentar gastos por residencias temporales en Buenos Aires. Sin embargo, pocos se animan a expresar públicamente esa postura debido a la sensibilidad social que despiertan los privilegios de la política.
Además, se espera que los empleados legislativos reclamen en breve un ajuste salarial alineado con la paritaria nacional, lo que podría generar tensiones adicionales con el gremio más fuerte, APL, conducido por Norberto Di Próspero.
El trasfondo político
El congelamiento actual había sido aprobado por unanimidad en diciembre pasado como forma de apaciguar las críticas tras el último aumento del 6,6% que también alcanzaba a los senadores. Pero ahora, con la medida a punto de expirar, el Congreso vuelve a enfrentar una incómoda discusión: si avanzar o no con un aumento que, aunque legal, podría tener un fuerte costo político.
El Gobierno Nacional sigue de cerca la situación, consciente de que este debate puede impactar de lleno en la imagen del Congreso en medio del ajuste que vive el país.
Por ahora, los bloques guardan silencio, y Villarruel decidió no renovar la suspensión, dejando que sean los propios legisladores quienes definan si se aplicará o no el millonario incremento.
Fuente: Infobae
