Se anuló la Resolución N° 187/2025, que auditaría pensiones no contributivas, prometiendo una revisión más justa y acorde con estándares internacionales.
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluiría entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estos procesos se habían hecho necesarios debido a los hallazgos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y personas privadas de libertad que seguían recibiendo los pagos.
En ese contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que las auditorías revelarían “un esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, donde se detectó que se desviaban fondos públicos de manera sistemática. En su momento, las cifras alarmantes indicaban que aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para acceder a estos beneficios.
La decisión de derogar la resolución se produjo luego de la identificación de varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por dicha normativa.
En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó que la derogación de la resolución permitirá un enfoque más detallado y acorde con los estándares del mundo para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en lo que respecta a los baremos médicos utilizados en el sistema.
Con la derogación de la Resolución N° 187/2025, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple una actualización de los criterios y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.
En su lugar, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se encuentra elaborando un nuevo esquema de auditoría que permita corregir las irregularidades, pero sin generar un impacto tan drástico para los beneficiarios que realmente necesitan el apoyo del Estado.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos públicos se gestionen de forma eficiente y que los beneficios lleguen a aquellos que verdaderamente los necesitan.
Denuncias de irregularidades
Una de las auditorías previas, llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal, identificó que 212 personas privadas de la libertad percibían la pensión sin justificación. Además, una investigación adicional realizada con el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, detectó 331 prófugos que también recibían el beneficio, de los cuales 33 fueron puestos a disposición de las autoridades y 14 resultaron detenidos.
Los operativos han revelado casos particulares que generaron preocupación en las autoridades. En La Matanza, un hombre obtuvo su pensión tres días después de presentar la solicitud, a pesar de que su evaluación médica fue negativa. En Quilmes, un beneficiario recibió el pago en solo seis días, aunque cumplía prisión domiciliaria.
En otro caso, un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor asistió acompañado de un abogado. La persona no presentaba ninguna incapacidad. Había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso. En su exposición ante las autoridades dijeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”.
Según un informe al que accedió Infobae a principios de febrero, en la provincia de Chaco, de los 2.689 beneficiarios citados, 1.796 (66,79%) no cumplían con los requisitos y serán dados de baja, mientras que 345 (12,83%) no se presentaron a la evaluación. Entre los casos detectados se encuentra el de una mujer que cobró la pensión alegando una amputación de brazo, aunque en la revisión médica se comprobó que tenía ambos miembros en perfecto estado.
