En un procedimiento sin precedentes en la provincia, la Justicia y la Policía de Corrientes ejecutaron dos allanamientos en Curuzú Cuatiá tras una denuncia por intimidación pública en el ámbito educativo. El operativo, que surge tras amenazas en redes sociales, culminó con el secuestro de proyectiles calibre 9mm y una réplica de arma de fuego, marcando un nivel de escalada inédito en la seguridad escolar regional.
Lo que comenzó como una preocupación por mensajes en redes sociales terminó en un fuerte despliegue policial que marca un antes y un después en el tratamiento de la violencia escolar en Corrientes. Durante la siesta de este miércoles, efectivos de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá llevaron adelante dos órdenes de registro en los barrios 40 Viviendas y Suboficiales.
La denuncia que activó la causa
La intervención judicial fue motorizada por la Rectora del Colegio Secundario Barnidio Sorribes. Según la investigación, la alarma se encendió cuando se detectaron publicaciones en redes sociales donde se exhibían proyectiles de arma de fuego y se tomó conocimiento de que un menor intentó ingresar al establecimiento con un objeto sospechoso.
Resultados de los operativos y secuestros
Bajo la supervisión de la titular de la UFIC, la Dra. Belén Arrúa, los procedimientos arrojaron resultados positivos que confirman la gravedad de la situación:
En la primera vivienda, los agentes incautaron cuatro proyectiles calibre 9 mm (munición real) y un teléfono celular que será sometido a peritajes.
En el segundo domicilio, se secuestró una réplica de pistola 9 mm, fabricada en material plástico negro, elemento con el que se habría amedrentado a la comunidad educativa.
Prevención y encuadre legal
La situación fue contenida gracias a un operativo preventivo de control de mochilas realizado en el acceso al edificio escolar (ubicado en Av. Laprida y Monte Caseros), donde se frustró el ingreso del menor con el arma de juguete.
Dada la magnitud del temor generado en la población y el riesgo potencial, la causa ha sido caratulada preventivamente como “Intimidación Pública”, bajo los términos del Artículo 211 del Código Penal. Este caso sienta un precedente fundamental en la provincia, demostrando que las amenazas escolares han dejado de ser consideradas simples travesuras para ser tratadas con todo el peso de la ley penal.
