En Esquina, un grupo de familias se encuentra atravesando una difícil situación: sus hijos e hijas con discapacidad no pueden asistir a clases por la ausencia de docentes de apoyo a la inclusión. Dialogamos con la Dra. Mariana, quien explicó en detalle el contexto que ha encendido las alarmas entre padres, profesionales y docentes de la comunidad.
El origen del problema se remonta a la Resolución Ministerial 875/25, emitida el pasado 7 de marzo, la cual establece que los docentes de apoyo inclusivo deben contar con título base de profesor de educación especial. Sin embargo, en nuestra localidad, la carrera de educación especial no se dicta hace 25 años, lo que ha generado una alarmante escasez de profesionales habilitados para estos cargos.
“Actualmente, en Esquina solo hay dos docentes con esa formación, y ambos están trabajando en la Escuela Especial”, explicó la Dra. Mariana. “La resolución contempla que, en ausencia de esos docentes, puedan cubrir la función psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos o psicólogos, pero la cantidad de estos profesionales también es muy baja en nuestra zona”.
Ante esta situación, un grupo de padres y madres decidió unirse y elevar un petitorio dirigido al Gobernador, la Ministra de Educación y el Presidente del Consejo General de Educación de los niveles primario y secundario. En el documento, exigen una revisión urgente de la normativa y una solución inmediata para garantizar el acceso real a la educación inclusiva.
“Hace un mes que hay niños y niñas que no pueden asistir a la escuela porque no tienen a su docente de apoyo integral. Sin esa figura, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es efectivo, no es inclusivo”, sostuvo Mariana.
Si bien las autoridades locales han señalado que los alumnos no tienen prohibido el ingreso a las instituciones educativas, las familias aseguran que la asistencia sin acompañamiento especializado no cumple con los requisitos de una educación inclusiva y efectiva. “Nuestros hijos tienen derecho a aprender en igualdad de condiciones. El acceso está permitido, pero sin el docente de apoyo, la escolarización no es real”, enfatizó la doctora.
Por el momento, la única respuesta oficial ha sido la reapertura del profesorado en educación especial, pero la formación de nuevos docentes demandará al menos cuatro años. Mientras tanto, los padres y madres sienten que sus hijos están siendo dejados de lado. “Nos dicen que esperemos, pero ¿qué hacemos mientras tanto? También se está vulnerando el derecho al trabajo de muchos docentes que tienen autorización de la obra social para desempeñar esta función, pero no pueden hacerlo por esta resolución.”
La falta de articulación entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Educación también ha impedido que se convoque a docentes de otras localidades, otra de las posibles soluciones de corto plazo.
Ante la falta de respuestas concretas, las familias están avanzando en la presentación de un amparo colectivo para exigir judicialmente que se revise la normativa y se garantice el acceso pleno y equitativo a la educación. “Ya tenemos la documentación de 20 familias y seguimos invitando a quienes estén atravesando esta problemática a que se sumen. No era nuestra intención llegar a lo judicial, pero agotamos todas las vías administrativas y no obtuvimos respuestas. Sentimos que nuestros hijos no son tan importantes como el resto. Los chicos con discapacidad no votan, y eso pesa”, concluyó.
